SIN AUMENTO Y MAS ENDEUDADOS
La inauguración del XXXVII período de sesiones ordinarias 2020 a cargo del gobernador Gustavo Melella, dejo sabor a poco y significó un trago amargo para los empleados públicos provinciales.
El gobernador no hizo mención alguna sobre el esperado aumento para empleados de la Administración Publica Provincial, uno de los caballitos de batalla utilizado durante su campaña electoral. En su reemplazo, y para intentar paliar la crisis por la que está atravesando dicho sector público, anunció el otorgamiento de una linea de créditos con tasa baja.
Durante su discurso de apertura el Gobernador declaró, “vamos a dar de baja todos los convenios para códigos de descuento con financieras y otros agentes, y a través del Banco Tierra del Fuego unificaremos sus deudas con una tasa subsidiada otorgándoles la posibilidad de acceder a una cuota de pago mucho más baja”.
En resumen, la propuesta de Melella se apoya en un nuevo crédito otorgado por el Banco Tierra del Fuego con tasa del 40%, con el cual se pagarían anticipadamente las deudas contraídas con distintas financieras y agentes prestatarios. El resultado de esta operatoria significaría un nuevo endeudamiento para el bolsillo de los estatales y una perdida aun mayor del poder adquisitivo de las familias.
Por otro lado, la medida parece ser una ayuda extra para los docentes, en detrimento del resto de los empleados públicos, ya que muchos de ellos se endeudaron y terminaron sacando prestamos con intereses usurarios.
Entre las financieras favorecidas por la refinanciación, figura la denunciada «Credisur», con supuestos vínculos con el poder político de turno. Recordemos que dicha empresa, en noviembre del 2014 suscribió un convenio con el SUTEF para otorgar créditos a los afiliados docentes, y que figuraban entre sus socios propietarios los ex abogados del sindicato Juan y Néstor Sánchez Otharán. Los abogados del SUTEF, liderado en esa época por Horacio Catena, estaban relacionados con la financiera que obtenía una ganancia prestándole dinero a los afiliados que después eran representados por los mismos letrados en causas sindicales.
Al aplicar este sistema crediticio, Melella “estatizaría” la deuda con las financieras, absorbiendo el Estado provincial el costo resultante entre ambas tasas de interés, mientras que el empleado sigue endeudado con un nuevo crédito y las empresas se llevan las ganancias por la operatoria comercial.
