DECLARAN EMERGENCIA ADMINISTRATIVA EN TIERRA DEL FUEGO
Para acelerar los tiempos administrativos, simplificar procedimientos y controles.
El Gobernador Gustavo Melella declaró, a través del Decreto 612/20, la emergencia administrativa e informática en la Administración Pública Provincial a partir del 16 de marzo. La decisión fue tomada en vista de la necesidad de tomar medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia sanitaria.
La medida aprobada este jueves, permitiría autorizar compras y contrataciones del Estado, acortando los tiempos administrativos y estableciendo un protocolo simplificado que quedará a cargo de la Secretaria General Legal y Técnica como el organismo designado a tal fin.
Sin embargo, muchos detractores de este tipo de mecanismos, mencionan que la adopción de los mismos generan la irregularidad de que el procedimiento sólo puede ser auditado y revisado después de realizarse la contratación, compra o subsidio, es decir que cualquier erogación que se efectúe durante la emergencia será un gasto que no podrá recuperarse.
El decreto permite también que los organismos provinciales puedan designar guardias presenciales para cumplir con el funcionamiento mínimo, necesario e imprescindible durante la duración de la emergencia sanitaria, como así también efectuar estas funciones administrativas los días inhábiles.
Asimismo, el decreto delega en los ministros y funcionarios la potestad de compra y contrataciones, el pago de coparticipación a otros poderes del Estado, el pago de haberes, subsidios
y demás erogaciones. También delega en sus funcionarios la potestad de aceptar renuncias de otros funcionarios del mismo nivel.
Por esta causa, el decreto fue señalado por diversos especialistas como inconstitucional, ya que las facultades que delegó en otros ministros son propias del cargo de gobernador, y por lo tanto indelegables. Por esto, afirman que declarar la emergencia administrativa requiere de la aprobación de una ley especial, ya que con esta normativa, el gobierno provincial podría hacer cualquier contratación, frenar el envío de fondos a otras áreas del Estado y frente a cualquier eventualidad, señalar a los funcionarios como únicos responsables.
