EXONERADA POR ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO RECLAMA REINSERCIÓN LABORAL

A través de las redes sociales tomó estado público el caso de la ex- agente de la administración pública Alejandra Colautti, quien reclama por su reincorporación a Gobierno luego que fuera exonerada por adulteración de documento público.

La ex empleada fue exonerada en enero de 2018 a raíz de una investigación realizada por el Ministerio de Educación, la cual dió como resultado un sumario administrativo por haber presentado certificados médicos adulterados, utilizados para justificar una licencia médica desde 1° de febrero hasta el 14 de mayo del 2013.

Ante esta situación, la señora solicitó en reiteradas oportunidades la reincorporación a Gobierno, recurriendo para ello a mensajes e imágenes en los que responsabiliza al Estado por la situación de desnutrición de su hijo, el cual tendría 14 años y pesaría 32 kilos. «Este es mi hijo es celíaco, tiene una desnutrición importante ya que alimentación es cara.. UD conoce mi caso y sabe que es la única que puede devolverme la dignidad, mi trabajo, el sustento de mis hijos…» y acompaña el mensaje con una foto de un joven en aparente estado de desnutrición y cubierto de electrodos.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social informó que Colautti fue asistida en reiteradas oportunidades por medio del programa Red Sol, el programa alimentario Cuidemos la Mesa Fueguina y que también recibe el subsidio al gas.

A pesar de decir que su hijo tiene una discapacidad, él no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad que le permitiría acceder a los beneficios que acredita tal situación.  Ante el pedido de las autoridades para regularizar el trámite, Colautti no mostró interés en iniciarlo.

Complica aún más la situación, el difícil entorno familiar del que forma parte la señora, ya que también es madre de Diego Miguel Ferreyra Colautti, quien es penalmente responsable del «homicidio del huevero» acaecido el año pasado. Otro de sus hijos, Agustín Colautti, también tiene una condena de 2 años y 6 meses de prisión por robo simple.